El Gobierno emprenderá una reforma de la Ley de Extranjería para poner en marcha estas medidas restrictivas. “El padrón no les bastará”, ha manifestado Mato. La ministra comentó que se tendrá en cuenta a las personas que “de verdad” viven y tienen residencia fiscal en España, quienes “trabajan como nosotros y pagan sus impuestos”. Mato lo dijo tras denunciar el abuso de quienes traen a sus familiares a España exclusivamente para recibir tratamientos médicos.
La Ministra de Sanidad no ofreció apenas detalles de cómo se pondrá en marcha esta medida, más allá de indicar que se exigirá a los extranjeros “una serie de requisitos” para acceder a los servicios sanitarios. En aclaraciones posteriores, fuentes de su departamento concretaron algo más la propuesta. Para evitar “abusos”, solo se reconocerá el derecho a acceder a la asistencia normalizada a aquellos extranjeros con “residencia legal”, lo que implica tener permiso de residencia en vigor. Se pretende que solo estas personas y sus familiares directos tengan cobertura sanitaria completa.
La ley establece que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan “tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles”.
Ana Mato, ha anunciado que no bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal. Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona.
El Gobierno reformará la Ley de Extranjería para poner en marcha nuevas restricciones. Para otorgar la tarjeta sanitaria se verificará que quienes la solicitan, es decir, que tienen residencia legal en España.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y el número de extranjeros en situación legal asciende a 5.251.094, según los datos del ministerio de Empleo, con lo cual la cifra de ciudadanos 'sin papeles' que podrían verse afectados por estos cambios rondaría el medio millón de personas, a falta de depurar posibles duplicidades en el padrón que admiten los expertos. Solo se reconocerá el derecho a acceder a tarjeta sanitaria a aquellos extranjeros con “residencia legal” en España, lo que implica tener permiso de residencia en vigor, y a sus familiares directos también regularizados. Está por definir cómo abordar la situación de los miles de residentes irregulares que ya cuentan con tarjeta sanitaria en España.
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